El constitucionalismo pide ayuda en Cataluña: «No queremos ser moneda de cambio»

«Es una llamada a la unidad y a dejar atrás los personalismos, el chantaje, el miedo y el inmovilismo». De esta forma daba la bienvenida Pau Añó, una de las impulsoras del Manifiesto Constitucionalista, al acto de presentación que se ha celebrado este lunes en Barcelona. Se trata, dicen sus promotores, de lograr la unión de todos los partidos que defienden la Constitución, para hacer frente al separatismo y al mercadeo del Gobierno del PSOE y Podemos con este a cambio de mantenerse en el poder. Para Eva Trías, propietaria de un camping de Gerona boicoteado por alojar a Policías en 2017, «toca empezar a trabajar para Cataluña». Una declaración de intenciones para devolver la política catalana a la normalidad, que de momento no se ve con buenos ojos en las sedes de los partidos políticos pese al éxito en otros territorios como Navarra Suma.

«Desde la transición, los nacionalismos catalán y vasco han sido desleales con el Estado», ha apuntado el historiador Jordi Canal. Una afirmación que sirve a estos catalanes constitucionalistas para denunciar la situación que se vive, con el sometimiento constante del Gobierno a los partidos que quieren romper el Estado. Recuerda el exdiputado del PP Joan López Alegre, ahora portavoz del nuevo movimiento, que «sólo desde Cataluña podemos evitar que Bildu y ERC marquen la agenda española». El historiador, un habitual de las tertulias en Cataluña, manifiesta que «los constitucionalistas catalanes queremos influir en positivo, a diferencia de ERC y el PNV: queremos sumar y no romper». Y se muestra tajante: «España y Europa salen perdiendo sin nosotros».

Los impulsores del manifiesto afean al Gobierno de Pedro Sánchez su actitud con la Generalitat separatista de Pere Aragonès respecto a «la política de cesiones, las mesas bilaterales de negociación y posibles amnistías blanquean a los que pretenden que miles de catalanes nos sintamos extranjeros en nuestro propio país». Lamentan además que «la equidistancia, cuando no apoyo directo al independentismo, de una parte importante de la sociedad civil y empresarial de Cataluña ha hecho posible que el independentismo se mantenga en las instituciones».

Avisan que «los catalanes no independentistas no podemos volver a ser moneda de cambio de intereses políticos a nivel nacional». Tras tres años con Sánchez en La Moncloa, creen que el constitucionalismo debe «ser políticamente fuerte para que la negociación de la Presidencia del Gobierno o los Presupuestos no queden en manos de las prioridades políticas de grupos nacionalistas y populistas, sino que podamos influir para que el gobierno active una agenda reformista».

El manifiesto recuerda que «Cataluña lleva más de una década de fractura social, fomentada por una Generalitat gobernada por los partidos independentistas con el apoyo externo de los antisistema y por un Ayuntamiento de Barcelona en manos del populismo». Una razón de peso, argumentan, para que la administración del Estado tenga en cuenta que «hablar con el gobierno independentista de la Generalitat no es hablar con Cataluña. Cataluña es mucho más: sociedad civil, familias, empresas y autónomos muestran una realidad mucho más plural que la que se pretende hacer ver desde el gobierno autonómico».

Este grupo de activistas declaran que «defendemos el Estado de Derecho, la separación de poderes, la democracia representativa y sus instituciones, en todo lo que refleja la Constitución y el Estatuto». Y advierten que «rechazamos la amenaza populista que desprecia los logros alcanzados hasta ahora en los casi cuarenta y cinco años de democracia y promueve enfrentamientos entre personas y territorios». «Existe un conflicto en Cataluña provocado por dirigentes políticos irresponsables, que pretenden imponer sus postulados identitarios y secesionistas a todos los catalanes, sin respeto alguno a las normas de convivencia democrática» remachan.